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Portada  |  23 noviembre 2021

Fiscalía especializada en comunicaciones investigará las amenazas de bomba en Bahía

La UFIJ N°20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, se encargará de investigar las más de 30 causas que se registran en la ciudad por esta conducta delictiva.

Una Fiscalía especializada en comunicaciones comenzará a investigar los recurrentes llamados anónimos con múltiples amenazas de bomba al Municipio, entidades bancarias u establecimientos comerciales que en el último tiempo han generado la preocupación en las autoridades locales.

Fuentes judiciales indicaron que la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, será la encargada de comenzar las tareas investigativas – mediante el uso de tecnología disponible – para dar con quien o quienes sean los responsables de esta conducta delictiva.

El delito de intimidación pública tiene penas de entre dos y seis años de prisión para aquellos que infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazan con la comisión de un delito de peligro común o empleen medios o material idóneo para producir esos efectos.

Además, el Artículo 211 del Código Penal afirma que “Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.

En el ámbito del Departamento Judicial de Bahía Blanca, desde el comienzo del año, ya se han iniciado más de 30 causas por este delito. Todas se encuentran en plena etapa investigativa.

Ante cada llamado intimidante, debido a un mecanismo protocolar, se procura desalojar a todo el público presente de las instalaciones para que sean sometidas a una revisión pormenorizada del personal de Explosivos y luego, en caso de ser negativo, autorizar el reingreso de los trabajadores y personas en general. Este tipo de movimientos insumen una enorme cantidad de recursos y gastos.

En otras localidades se han registrado condenas para menores de edad vinculados con estos delitos y se ha avanzado en responsabilizar a los padres de los menores que efectúan las llamadas intimidantes por la reparación de los daños causados.

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