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Portada  |  17 febrero 2022

Lesa humanidad: inició hoy en la ciudad el juicio oral por la megacausa "Zona 5"

Juzgan a 38 imputados y se espera la participación de más de 200 testigos en el proceso judicial que tiene lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.

Hoy comenzó en nuestra ciudad uno de los juicios más grandes por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Megacausa Zona 5 en la que se juzga a 38 militares retirados, expolicías federales y provinciales imputados por secuestros, torturas y otros delitos contra la integridad sexual en perjuicio de 334 víctimas durante la última dictadura militar. Se esperan declaraciones de más de 200 testigos.

Las audiencias que iniciaron en la jornada se desarrollarán los jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, entre, entre las 9 y las 15 horas, conforme al esquema estipulado por el tribunal que integran los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

El debate se lleva adelante mediante la aplicación Zoom y cuenta con la transmisión del canal que el Poder Judicial de la Nación posee en la plataforma Youtube.

El Ministerio Público Fiscal está representado también por el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento

Según informaron fuentes judiciales, entre los 38 imputados hay militares del V Cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y el director de la Unidad Penitenciaria N.º 4 de Bahía Blanca.

Como dato llamativo, por primera vez en la jurisdicción, entre los señalados se hallan dos profesionales de la salud acusados de contribuir a mantener con vida a los secuestrados en La Escuelita, donde nacieron dos niños en cautiverio que aún no recuperaron su identidad.

De acuerdo con lo publicado por el diario Página 12, se trata del entonces capitán médico Luis Fortunato Adalberti y del enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, que era sargento primero en la División Sanidad.

Según el criterio de Fiscalía, ambos están considerados como coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad – en el caso de Adalberti de 82 víctimas y de Bonini en 70 -, de quince homicidios y de la sustracción de los hijos de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que los imputados asistían a “La Escuelita” donde las personas secuestradas eran sometidas a constantes tormentos y, con su accionar, contribuyeron a prolongarles el cautiverio.

Además, otra particularidad del debate es que por primera vez se juzga la conducta de doce oficiales y suboficiales del Ejército por un caso de abuso deshonesto contra una mujer cautiva en la “compañía de combate (sic) My. Keller” del Batallón de Comunicaciones 181. La unidad militar tuvo una fuerte participación en secuestros y fue el principal grupo de tareas del Batallón.

Por ese hecho la Cámara Federal bahiense ordenó meses atrás una serie de detenciones, que incluyó al coronel retirado Enrique Stel, hasta hace un lustro funcionario del entonces gobernador José Alperovich en Tucumán.

La víctima fue secuestrada en Médanos, trasladada –atada y encapuchada– a la comisaría de esa localidad y, posteriormente, a la unidad militar, en Bahía Blanca, donde fue sometida a interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo. Durante su cautiverio, sufrió distintos abusos de índole sexual e intentos de violación.

El proceso judicial también incluirá los casos de vecinos de Huanguelén, secuestrados en esa localidad y trasladados posteriormente al Batallón de Comunicaciones 181 entre octubre y noviembre de 1976. Los operativos de secuestro estuvieron a cargo del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé –cabeza del Área 512– que, junto con fuerzas policiales de la zona, procedió al rastrillaje de la población y al secuestro de numerosas personas del ámbito local.

De acuerdo con los archivos de inteligencia que pudieron recuperarse, los operativos respondieron al previo armado de listas de ciudadanos de las distintas localidades. En el caso de los que tuvieron lugar en Huanguelén, la mayoría de los secuestrados eran allegados a Rodolfo Celso Gini, bioquímico y profesor secundario asesinado en diciembre de 1974 en esa misma localidad por un grupo paraestatal autoidentificado como la Triple A.

El caso de Gini formó parte del juicio “Triple A” realizado en Bahía Blanca, con sentencia condenatoria dictada el 2 de agosto pasado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Entre las víctimas de los operativos de secuestro que ahora se ventilarán, se encuentran su esposa y su hermano —ambos trasladados al Batallón de Comunicaciones 181—, así como varios de los jóvenes que Rodolfo Gini había tenido como alumnos.

El debate cuenta con la intervención de la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la abogada Verónica Bogliano, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En este sentido, en horas de la mañana tuvo lugar una concentración convocada por la organización HIJOS en la puerta del tribunal para reclamar, entre otras cosas, poder presenciar las audiencias.

“El problema de este lugar (por el edificio del Tribunal Oral Federal) es muy pequeño y de reducidas dimensiones. Entonces tenemos el problema de que no puede entrar mucha gente”, indicó Alejandra Santucho, integrante de HIJOS, a Telefe Noticias.

Santucho destacó como elemento fundamental que, de los 38 imputados, hay 15 que “llegan por primera vez” al banquillo de los acusados.

“Los organismos de los Derechos Humanos venimos reclamando para que no se atomicen las causas y se unifiquen lo más posible porque el tiempo nos corre. Hay una cuestión biológica de que necesitamos de que los juzgamientos se realicen cuanto antes porque sino no hay a quien juzgar y los imputados genocidas mueren en impunidad”, completó.

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