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Portada  |  23 enero 2023

Diversidades: la comunidad LGBTIQ+, entre la conquista de derechos y su aplicación fragmentada

Según el Derecho argentino, el acceso al trabajo no puede estar sujeto al género, la orientación sexual o el aspecto físico y, en los últimos años, leyes específicas consagraron esas garantías para la comunidad LGBTIQ+, pero ¿es completo el cumplimiento de esas normativas?

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La sanción de la Ley nacional de matrimonio igualitario (2010) inició un período de reconocimiento de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Derechos civiles, laborales e igualitarios que bucan abrir para las personas lugares que antes estaban vedados de hecho.

Sin embargo, en muchos casos, existe una distancia entre el texto de la ley y la aplicación efectiva de esas conquistas.

Por eso, los colectivos de defensa de derechos de la comunidad consideran que la lucha por una sociedad realmente igualitaria todavía está en marcha.

En el día a día, las personas siguen enfrentando dificultades para acceder a un trabajo o un alquiler en las mismas condiciones que quienes no integran la comunidad.

Aldana es trans y considera que la falta de integración es responsabilidad del Estado, que -según considera-, durante décadas desatendió a la comunidad sin ofrecerle ninguna oportunidad.

“(El Estado) nos empujó a la desidia, a la marginalidad, a la prostitución… Porque llevamos ese estigma de que, por ser transexuales, tenemos que ser prostitutas”, aseguró ante Telefe Noticias.

Hace un año y medio (junio de 2021) se oficializó la Ley de promoción de acceso al trabajo formal para personas transexuales, travestis y transgénero (27.636), que estableció un cupo laboral del 1% en la administración pública nacional.

Sofía, otra mujer trans, no está conforme con la aplicación de la normativa: “una vez más yo siento que nos han utilizado políticamente para hacer campañas políticas”.

“Las pocas chicas trans que han logrado tener un lugar en el gobierno (…) lo han conseguido a través de partidos políticos, militando para determinados partidos políticos, como lo hace cualquier otra persona, pero a través del cupo laboral trans, han sido muy pocas. Es culpa tanto del gobierno nacional, provincial y municipal”, puntualizó

Pero el incumplimiento de los derechos laborales de las personas de la comunidad LGBTIQ+ no sólo es atribuido a la inacción del Estado. En muchos casos, son los prejuicios sobre la sexualidad e incluso sobre el aspecto físico los que ponen los escollos.

“Gente que prefiere prender trabajos o perder oportunidades laborales por respetar su identidad, no ocultar su identidad”, explicó Mili, de la ONG Furias Feria.

Para Sofía, el país ha avanzado en el reconocimiento de derechos con leyes nacionales y provinciales, pero aún queda terreno por recorrer para el cumplimiento efectivo de esos derechos.

“Yo ahí hago hincapié en la educación, porque: sí, (los argentinos) somos pioneros, tenemos la Ley de Identidad de Géneros, el cupo laboral trans, la unión civil… pero le falta a la sociedad meterse en la cabeza”, señala.

Un punto de vista similar sobre la aplicación de los derechos tiene la abogada Micaela Romero, de la Clínica Jurídida de Género de la Universidad Nacional del Sur.

“Creemos que hay mucho para trabajar. Muchísimo. Creemos también que ese abordaje debe ser de manera colectiva, en red y creemos que el trabajo que hay que hacer, es doble”, subrayó.

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